Por: José Nelson Mármol M.
Mucha agua ha corrido bajo el puente, y algunas incógnitas siguen sin
respuesta. Desde el génesis de nuestras Fuerzas Armadas, bajo la
inspiración y abrigo del Ejército Libertador, y el ideal bolivariano de unidad
latinoamericana, los cambios registrados en la Institución Militar y su
participación en la vida nacional han mostrado contrastes y paradojas.
Las orientaciones y compromisos del Ejército con los grupos de poder
económico, que caracterizaron las primeras décadas de la vida republicana,
fueron transformadas por un espíritu de compromiso con la defensa de los
intereses populares y un invalorable apoyo al desarrollo nacional que le
imprime la Revolución Alfarista. De ahí hasta nuestros días, las Fuerzas
Armadas, al igual que otras de la región, se han movido al compás de las notas
marcadas por el gran imperio del norte en su fundamental objetivo de luchar
contra el “comunismo”, a través de los lineamientos impuestos por el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, primero, y luego mediante la
aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
No obstante, también las Fuerzas Armadas han abierto importantes caminos en
la no siempre fácil relación con la sociedad civil. No solo que las
Fuerzas Armadas en Ecuador fueron las pioneras de la reinserción a la
vida democrática en la región, luego de largos – y en algunos casos sangrientos
– períodos de dictaduras militares, sino que se inicia un proceso de
profesionalización y de apertura a la sociedad, a través de una verdadera
multiplicidad de planes de desarrollo comunitario y ayuda social. Además
se destaca en esta nueva era de finales del siglo pasado la preocupación de la
Institución en la promoción de un necesario espíritu de identidad nacional y su
participación decidida en el desarrollo económico y social.
Estos giros, sumados al éxito militar logrado en el Valle del Cenepa, en
1995, hicieron que la Institución armada sea reconocida como la de mayor
confianza y garantía ciudadanas.
Empero, actitudes cuestionables en los momentos de las más agudas
crisis políticas que vivió el país, como las ocurridas en febrero de 1997, con
la salida del presidente Abdalá Bucaram, y últimamente los sucesos del 21 de
enero que desembocaron con el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad,
colocaron a las Fuerzas Armadas en medio de la paradoja: ¿Son en realidad
garantes de la democracia y el ordenamiento jurídico vigentes como establece la
Constitución Política del Estado?, o por el contrario, ¿tuvieron
responsabilidad, por acción u omisión, en los actos de inestabilidad
democrática?
Si en febrero de 1997 el retiro del respaldo al Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas, el presidente Abdalá Bucaram, luego de las mayoritarias –
cierto es – movilizaciones que demandaban su salida, significó un evidente acto
de insubordinación a la institucionalidad democrática que dio paso al
cuestionado interinato, los recientes acontecimientos del 21 de enero dejaron
entrever que las Fuerzas Armadas se cansaron de no tener una participación
deliberante en la democracia de papel que se vive en el país. Solo así se
entiende que la cúpula militar solicitara la renuncia al presidente de la
república y los devaneos en un triunvirato de tres horas, que dejaron al
descubierto las fisuras en la Institución y las contradicciones hasta ahora
inexplicadas en torno a los verdaderos intereses de los protagonistas de los
sucesos del 21.
Y mientras los procesos legales que están en marcha y que buscan aclarar los
acontecimientos en los que se hallan inmersos la Institución militar, a través
de alrededor de 300 encausados, y de cuerpo entero los miembros de la actual
cúpula castrense, según el ex ministro de gobierno, Wladimiro Alvarez, no
concluyan, la interrogante sobre el cumplimiento de la misión fundamental de
ser garantes de la democracia seguirá buscando una respuesta.
Y mientras ello ocurre, la credibilidad ciudadana en la otrora más confiable
Institución de nuestro país registra una caída preocupante. Según una
encuesta publicada en el diario HOY, el viernes 14 de abril, “Las Fuerzas
Armadas dejaron de ser la Institución en la que más confían los ecuatorianos”.
La encuesta revela que “es en los sectores populares en donde los militares
experimentan la más fuerte caída: el 45% de los más pobres los describen como
“no confiables”, un 38% como algo confiables, mientras apenas un 18% de los más
pobres creen que las Fuerzas Armadas sean “muy confiables”.
Lo cierto es que las Fuerzas Armadas están sintiendo los efectos de
los tropiezos en este convivir democrático, y mucha agua deberá correr bajo el
puente si queremos ver restaurada la imagen de unas Fuerzas Armadas comprometidas
con los verdaderos intereses del país.
