Radios comunitarias, un derecho de nuestros pueblos

José Nelson Mármol

"En Ecuador, hasta el momento no ha sido posible aprobar una ley que abra la puerta a la creación de radios comunitarias".  

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"...es momento para que las y los ciudadanos nos decidamos a poblar nuestro país de radios comunitarias, amparados en todo cuanto consagra la Ley Suprema de la República, la Constitución, porque ya no podemos seguir esperando por una ley como si estuviéramos mendigando el derecho a la comunicación..."

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Hace pocos días (el 19 de marzo de 2012), la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos aprobó la autorización para la ampliación de concesiones de frecuencias para radios comunitarias, con lo cual se avizora una verdadera primavera de emisoras comunitarias en el gran país del norte. Así se informa en el sitio de Radio Prometheus (en inglés).

La decisión, con razón, ha sido considerada como una victoria para las comunidades, sobre todo porque la misma Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha reconocido que más de seis mil solicitudes de licencias han permanecido pendientes por años.  Tras esta decisión se ha anunciado también el compromiso agilizar el trámite de las solicitudes archivadas.

Más de una década de lucha fue necesaria para lograr la aprobación de la ley de radio comunitarias locales,  que aunque fue aprobada por el Congreso hace ya un par de años, la ley -como suele pasar en todos lados- aún no se lograba aplicar.

Con esta decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones se prevé que en los próximos meses se multiplicarán las solicitudes para el funcionamiento de radios comunitarias.  En breve se escucharán por estos medios las voces de comunidades que no siempre son escuchadas ni visibilizadas por las grandes cadenas radiales.

En Ecuador, en cambio, hasta el momento no ha sido posible aprobar una ley que abra la puerta a la creación de radios comunitarias.  La legislación vigente, aprobada por la dictadura en 1975 (Decreto Supremo No. 256-A), únicamente consideró la coexistencia de emisoras de carácter "comercial privada", con fines de lucro (Art. 7) y las de “servicio público”, que son aquellas sin fines y que tenían la prohibición de cursar  publicidad comercial, como alternativa de financiamiento.

 Así, desde la misma ley se desconocía el derecho de las comunidades a crear y gestionar sus propios medios de comunicación comunitarios.  En 1978, varias organizaciones y redes de comunicación (G-8)[1] propusieron una reforma legal para que se reconozcan los medios comunitarios, pero curiosamente en el Congreso se cambió la palabra “comunitarias” por “comunales”.  Y aunque con este cambio inexplicable, la reforma incluyó en su artículo 17 a las “radios comunales”, las que según el Reglamento General, debían incluirse en las de categoría de Servicio Público, por tanto impedidas de contratar y transmitir publicidad, como medio de financiamiento.

Recién en octubre de 2002 se aprueba una nueva reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión en la que ya se reconoce a las radios comunitarias, aunque por la saturación del espectro radioeléctrico en la banda de radiodifusión sonora ya no era posible acceder a nuevas frecuencias para la radiodifusión comunitaria.

Con todo este antecedente legal, y con las inexistentes políticas públicas que favorezcan la diversidad de voces y la democratización de la comunicación, la marginación para que millones de ciudadanos puedan hacer escuchar su voz, sus opiniones, sus anhelos y demandas, a través de la radio y de la televisión, continúan hasta el momento. 

Según la investigación realizada por la ComisiónAuditora de Frecuencias, integrada por mandato de la Constitución de Montecristi (2008), y tras revisar 1.637 concesiones de frecuencia de radio (AM, FM y OC), se “constata el absoluto predominio de concesiones de frecuencias en manos del sector privado-comercial (cerca de 90%) en detrimento de los sectores público y comunitario, lo que exige acciones positivas del Estado” (pág. 224-225).

La anhelada democratización de la comunicación en Ecuador no logra convocar voluntades en una Asamblea Nacional en donde los intereses mediáticos, económicos y políticos parecen torcerle la mano a una sociedad que busca ser escuchada y que “todas las voces todas” se escuchen en los medios.

El proyecto de Ley Orgánica de Comunicación ha sido satanizado con el mote de “ley mordaza”, y tal como van las cosas parecería que su aprobación no será posible.  Ahora, a la explicable postura de la derecha política que parece defender la tesis de que “la mejor ley es la que no existe”, se ha sumado la curiosa (¿?) coincidencia de posiciones de la izquierda extrema, que con el MPD al frente ha decidió no dar sus votos para la aprobación de una ley que incorporaría una interesante normativa para democratizar la comunicación.

¿Será que la clase política que se opone a la aprobación de la Ley de Comunicación logra entender que la radio es una gran herramienta no solo para visibilizar la diversidad cultural de nuestro país, sino –y sobre todo- para que todas y todos podamos ejercer el derecho a la comunicación?

Si la Asamblea Nacional se muestra una vez más incapaz de aprobar una ley que garantice la creación de medios comunitarios, “en igualdad de condiciones” con los medios públicos y privados, como lo ordena la Constitución de Montecristi (Art. 16 y 17), es momento para que las y los ciudadanos nos decidamos a poblar nuestro país de radios comunitarias, amparados en todo cuanto consagra la Ley Suprema de la República, la Constitución, porque ya no podemos seguir esperando por una ley como si estuviéramos mendigando el derecho a la comunicación. Ejerzamos nuestro derecho a tener medios comunitarios, ya.

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[1] CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina; Servicio Conjunto de Comunicación (UNDA-AL, OCIC-AL y UCLAP); AMA­RC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias; SCC, FIP, Federación Internacional de Periodistas; ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica; FELAFACS, Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social; RNTC, Radio Nederland Training Center; y PROA, Asociación Latinoamericana de Medios Grupales